En un entorno donde la digitalización y la innovación marcan la diferencia, las empresas, especialmente startups y pymes, buscan formas alternativas de financiar su crecimiento.
La financiación participativa, también conocida como crowdfunding, se ha convertido en una solución atractiva y accesible, conectando a emprendedores con inversores a través de plataformas online.
Sin embargo, detrás de este modelo colaborativo y digital, existe un marco regulatorio exigente que garantiza la transparencia y la protección tanto de empresas como de inversores.
¿Qué es exactamente la financiación participativa?
La financiación participativa permite a las empresas captar capital de múltiples inversores a través de plataformas digitales.
Estos inversores, dependiendo del modelo, pueden recibir intereses a cambio de préstamos (crowdlending) o participaciones en la empresa que oferta el proyecto (crowdequity). Este modelo se ha popularizado por su agilidad, alcance y por facilitar el acceso al capital a empresas con una metodología distinta.
Para operar legalmente, es imprescindible contar con una figura clave, el Proveedor de Servicios de Financiación Participativa (PSFP). Esta entidad actúa como intermediaria entre promotores (las empresas que buscan financiación para sus proyectos) e inversores, gestionando la plataforma bajo un marco legal claramente definido.
Un entorno regulado a nivel europeo
Desde noviembre de 2021, todas las plataformas de crowdfunding que operan en la Unión Europea deben cumplir con el Reglamento (UE) 2020/1503, que establece normas comunes para todo el territorio comunitario.
El objetivo es claro, proteger al inversor y fomentar la confianza en este sistema de financiación alternativa.
Este reglamento se aplica a los servicios que facilitan préstamos o inversiones en empresas a través de plataformas digitales, con límites de financiación por proyecto fijados en 5 millones de euros en un periodo de 12 meses. En España, además, también encontramos normativa nacional como la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
¿Qué requisitos deben cumplir los PSFP?
Los PSFP deben cumplir con una serie de obligaciones técnicas, organizativas y legales que son esenciales para operar con transparencia y legalidad.
Entre ellas destacan:
- Autorización formal: toda plataforma debe estar autorizada por la autoridad competente (en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores), que evalúa la idoneidad del equipo gestor y la viabilidad del modelo de negocio.
- Gobernanza interna robusta: se exige una estructura organizativa clara, con funciones de cumplimiento, auditoría y gestión de riesgos bien definidas.
- Gestión de conflictos de interés: no se permite aceptar como promotores de proyectos a personas que estén directamente relacionadas con el PSFP. Y si alguna de estas personas actúa como inversor en algún proyecto deberá comunicarse a todos los inversores en un apartado o tablón de anuncios en la plataforma digital. El objetivo es evitar que la PSFP beneficie a sus propios proyectos.
- Evaluación del conocimiento del inversor: se debe aplicar un test que ayude a los inversores no profesionales a comprender los riesgos de sus decisiones.
- Periodo de reflexión de 4 días: cualquier inversor minorista tiene derecho a desistir de su inversión sin penalización en ese plazo.
- Transparencia informativa: las plataformas deben publicar información clara y actualizada sobre los proyectos, condiciones de inversión, comisiones y riesgos.
- Protocolo de reclamaciones y gestión de quejas: Debe establecerse un sistema eficaz para atender cualquier incidencia del cliente.
- Plan de continuidad operativa: Las plataformas deben estar preparadas para seguir funcionando o cerrar ordenadamente en caso de crisis o cese de actividad.
Como podemos observar, existen una serie de requisitos especialmente estrictos en un sector tan sensible como el financiero, donde la confianza es uno de los activos más valiosos.
¿Por qué es importante contar con asesoramiento legal especializado?
Cumplir con todos estos requisitos puede parecer abrumador, pero con el acompañamiento adecuado, es posible estructurar una plataforma de financiación participativa que no solo cumpla con la ley, sino que inspire confianza y crezca con solidez.
Es fundamental contar con una asesoría legal que acompañe en todo el proceso de obtención de la autorización para ser PSFP. Una asesoría especializada no solo ayuda a redactar y formalizar toda la documentación requerida por la autoridad competente, sino que también asesora a las partes involucradas sobre los riesgos y beneficios, asegurando que ambas partes comprendan completamente sus derechos y responsabilidades.
El crowdfunding es una alternativa de financiación con enorme potencial, especialmente en sectores como el fintech, el tecnológico o el de impacto social. Pero ese potencial solo se convierte en realidad si se construye sobre una base legal sólida.
Ponte en contacto
